El 15 de junio de 2025, la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió una condena de seis años de prisión y fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos debido a un fallo en el caso Vialidad, que investiga la corrupción en la adjudicación de contratos de obra pública durante su mandato entre 2007 y 2015. Esta sentencia se deriva de un proceso judicial que duró varios años y examinó el direccionamiento de contratos a favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, quien fue acusado de beneficiarse ilícitamente a través de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, la provincia natal de Kirchner.

El tribunal dictó sentencia tras considerar como pruebas concretas la presentación de tres toneladas de documentos, que incluyeron correos electrónicos, registros fiscales y testimonios de testigos, que concernen a la manipulación de procesos de licitación. Además, se constató que las obras adjudicadas fueron en muchos casos entregadas con retrasos significativos y a precios inflados, lo que dañó el erario público.

La decisión del tribunal amplía un serie de condenas y acusaciones que enfrenta la ex presidenta, quien ha negado cualquier irregularidad y ha calificado estos procesos judiciales como persecución política.

En respuesta a la sentencia, los partidos políticos afines a Kirchner han expresado su solidaridad y han anunciado movilizaciones en su apoyo.

Las reacciones del ámbito político y social son diversas, dado que Kirchner, a pesar de su condena, sigue siendo una figura influyente dentro de la política argentina, con una considerable base de apoyo popular.

La sentencia se produce en un contexto donde la Argentina enfrenta múltiples desafíos económicos, incluyendo una alta inflación y tensiones sociales, lo que ha llevado a un clima de polarización política que marca la actual agenda nacional.