La Feria de La Salada, uno de los complejos de venta mayorista y minorista más grandes de Argentina, reabrió sus puertas el lunes 22 de mayo bajo la supervisión de la Justicia, después de haber estado clausurada por casi tres semanas.

La clausura se produjo tras la detención de 15 individuos, incluido Jorge Castillo, autodenominado ‘El Rey de La Salada’, acusado de lavado de dinero.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora impuso varias condiciones administrativas y judiciales para permitir la reapertura.

Entre las ferias que reabrieron destacan Urkupinya y Cooperativa Ocean, mientras que Punta Mogote, la tercera feria del megapredio de 18 hectáreas, aún no ha confirmado su fecha de apertura.

Los comerciantes que participan en La Salada deben cumplir con una serie de normativas establecidas por el juez Luis Armella.

Estas regulaciones incluyen la presentación de documentos como una constancia de inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), inscripción en los organismos correspondientes, emisión de comprobantes de venta, contrato de alquiler vigente si es aplicable, y constancia de procedencia de la mercadería a la venta.

La clausura inicial fue consecuencia de las detenciones que ocurrieron en un barrio cerrado de Luján, donde fueron arrestados líderes del complejo, incluyendo familiares de Castillo.

Se les acusa de participar en esquemas de lavado de dinero a través de más de 25 empresas registradas en Argentina y Panamá.

Desde el cierre el 22 de abril, se llevaron a cabo allanamientos en los tres principales predios de la feria, conocido como el mayor centro de venta textil del país, reconocido por la oferta de productos que incluyen ropa de marca falsificada.

Antes de la clausura, La Salada funcionaba con aproximadamente 8,000 puestos de venta que sostenían cerca de 30,000 empleos, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La nueva regulación estipula que en el predio solo se permitirá desarrollar actividades comerciales y laborales lícitas, bajo la supervisión de varios organismos estatales, incluyendo la Fiscalía Federal, el municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Un interventor será designado por un plazo de 90 días para supervisar la operación del predio, asegurándose de que se regularicen las situaciones fiscales de activos y pasivos, y manteniendo un registro contable de las actividades.

Además, se requiere que todos los empleados estén registrados legalmente y que todas las transacciones se realicen a través de un sistema bancarizado, evitando así el uso de efectivo.

La resolución enfatiza que cualquier incumplimiento de las normas podrá resultar en una nueva clausura del predio.