Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el caso de Vialidad, lo que conllevó una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Sin embargo, un artículo del Código Penal argentino, el 20 ter, establece que una condena a inhabilitación especial puede ser objeto de rehabilitación transcurridos cinco años, siempre que el condenado tenga buena conducta, repare el daño causado y no cometa nuevos delitos.

El precedente más reciente que se asemeja a esta situación es el caso de Gustavo Daneri, excoordinador general de la empresa estatal telefónica ENTEL, quien fue condenado en 2014 por administración fraudulenta en relación con la privatización de la misma.

Daneri fue inhabilitado en 2016 por un periodo durante el cual logró demostrar buena conducta y ofreció una compensación económica para reparar el daño. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió la rehabilitación tras considerar que no tenía antecedentes penales y había cumplido con las condiciones previas.

En el caso específico de Kirchner, la inhabilitación especial que se le impuso implica que, para recuperar sus derechos políticos, deberá solicitar la rehabilitación después de cinco años y cumplir con los criterios establecidos, entre los que se incluye demostrar que ha reparado los daños ocasionados.

A pesar de que las sentencias de inhabilitación se consideran perpetuas, el Código Penal argentino asegura que estas inhabilitaciones nunca pueden ser absolutas, en cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben penas indefinidas.

Kirchner, además de la condena en el caso Vialidad, enfrenta al menos otros tres casos judiciales en curso, lo que complica su panorama legal.

Estos casos incluyen las investigaciones sobre las empresas Hotesur y Los Sauces, la firma de un memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de las coimas.

Las complicaciones derivadas de estos procesos judiciales podrían afectar su posibilidad de cumplir con las condiciones para la rehabilitación.

Las diferencias entre el caso de Kirchner y el de Daneri son significativas.

Mientras que ambos fueron condenados por administración fraudulenta, la expresidenta enfrenta una condena efectiva de seis años de prisión, a diferencia de la inhabilitación condicional de Daneri.

Además, Kirchner no ha asumido públicamente la responsabilidad por sus acciones, manteniendo que su situación es consecuencia de una persecución política y mediática.

El desarrollo de estos casos y su influencia sobre la carrera política de Kirchner continúan siendo objeto de atención tanto en el ámbito judicial como mediático en Argentina.