La expresidenta argentina Cristina Kirchner ha decidido apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la ratificación de su sentencia por parte de la Corte Suprema de Argentina.

Esta acción se enmarca en los seis meses estipulados por la legislación argentina para recurrir a la justicia internacional tras la confirmación de su condena por el caso Vialidad, en el que se la acusó de fraude al Estado.

Alberto Beraldi, uno de los abogados de Kirchner, ha expresado su convicción de que la intervención de la CIDH es necesaria, argumentando que se requieren análisis más profundos sobre la situación. Además, otro abogado de Kirchner, Gregorio Dalbón, ha anticipado que la apelación se extenderá a otras instancias, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI).

La posibilidad de que la CIDH revoque la condena de Kirchner es considerada remota por el jurista Eugenio Zaffaroni, exmiembro del tribunal interamericano, quien ha señalado que este organismo no tiene la facultad de sobrepasar las decisiones de los tribunales nacionales.

La CIDH tiene como función principal asegurar que los países que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no violen sus derechos, aunque puede ordenar medidas restaurativas si se constatan violaciones.

Argentina ratificó la Convención en 1984 y, tras la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales adquieren un rango superior al de las leyes nacionales.

No obstante, en una decisión de 2018, la Corte Suprema se negó a acatar un fallo de la CIDH que solicitaba revertir una condena contra el periodista Jorge Fontevecchia.

En dicha ocasión, los jueces argumentaron que cumplir con lo dictado por la CIDH transformaría a este órgano en una 'cuarta instancia', lo que sería un exceso de las obligaciones asumidas por Argentina.

El caso de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, se presenta como un ejemplo en el que la CIDH falló a favor del político, que había sido destituido de su cargo como alcalde de Bogotá.

La CIDH argumentó que su destitución violó sus derechos políticos, dado que la sanción fue impuesta por un órgano administrativo en lugar de un tribunal competente.

Sin embargo, el contexto de la situación de Kirchner es diferente, ya que todos los jueces involucrados en su proceso han fallado en sentido adverso, y no hay registros de votos que la declaren inocente.

La CIDH ha emitido fallos previos en otros casos, como el de Mohamed, un colectivero condenado tras un juicio que no cumplió con el principio del 'doble conforme'.

En ese caso, la CIDH falló a favor del demandante, subrayando que no se respetaron sus derechos humanos.

Sin embargo, el caso de Kirchner ha seguido todos los procedimientos judiciales nacionales establecidos, lo que podría complicar su apelación ante la CIDH.

En un contexto más amplio, la CIDH también se ha pronunciado sobre temas de derechos políticos en los últimos años, como en el caso del expresidente boliviano Evo Morales, donde reafirmó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

Esto plantea preguntas sobre la capacidad de la CIDH para abordar situaciones que involucran discrepancias legislativas y su impacto en la política de cada estado miembro.

Los tiempos procesales de la CIDH son también una cuestión a considerar.

Los pasos iniciales involucran una evaluación por parte de la Comisión Interamericana antes de que cualquier caso sea llevado a la Corte, un proceso que puede ser prolongado.

Zaffaroni ha resaltado que el sistema interamericano puede no ser eficiente, anticipando que las apelaciones a la CIDH podrían no resultar en soluciones rápidas.